La formación política Sumar pretende reservar la adquisición de inmuebles residenciales a personas físicas y limitar la presencia de sociedades en el mercado.
Sumar vuelve a llevar al Congreso su propuesta para restringir la compra de viviendas por parte de empresas y fondos de inversión. La iniciativa, que se debatirá este martes 15 de septiembre en el Pleno de la Cámara Baja, plantea modificar la legislación para que la adquisición de inmuebles residenciales quede, con carácter general, reservada a personas físicas.
No es la primera vez que la formación presenta esta medida. Una iniciativa similar ya fue sometida a consideración del Congreso, pero no consiguió superar el trámite de admisión, después de contar con el rechazo del PP, Vox y Junts y la abstención del PSOE.
El nuevo intento llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendiera públicamente una medida dirigida a limitar la adquisición de viviendas por determinados inversores. Vox llegó a valorar positivamente aquella propuesta, circunstancia que llevó al portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez, a recuperar su iniciativa y plantear nuevamente su debate parlamentario.
Sin embargo, Vox ha marcado distancias. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, considera que la propuesta de Sumar no coincide con la planteada por Trump y ha descartado respaldarla. El partido de Santiago Abascal también mantiene su posición de no apoyar las iniciativas impulsadas por el Gobierno.
Una reforma dirigida contra la inversión empresarial
La propuesta de Sumar se articula mediante una modificación de la Ley de Vivienda 12/ 2023, concretamente de su artículo 10. El objetivo es introducir una prohibición que impida transmitir inmuebles destinados a uso residencial a personas jurídicas, tanto mediante operaciones de compraventa como a través de transmisiones gratuitas.
La restricción tendría un alcance amplio. No solo afectaría al parque de viviendas existente, sino también a las nuevas promociones una vez finalizadas y obtenido el correspondiente certificado de fin de obra.
Sumar fundamenta la iniciativa en la consideración de que las sociedades y los fondos adquieren viviendas principalmente como activos destinados a generar rentabilidad, y no para satisfacer directamente el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda.
Desde esta perspectiva, la formación sostiene que es necesario reducir la consideración de la vivienda como activo financiero y desvincular el mercado residencial de las estrategias de inversión que, a su juicio, contribuyen al incremento de los precios de venta y alquiler.
Excepciones para entidades con finalidad social
La prohibición no tendría carácter absoluto. El texto establece excepciones para determinadas entidades sin ánimo de lucro y organizaciones vinculadas al denominado tercer sector.
Entre ellas figuran asociaciones, agentes económicos y sociales, entidades religiosas, ONG dedicadas a la cooperación al desarrollo y otras organizaciones de carácter social.
La adquisición quedaría condicionada, además, a que los inmuebles fueran utilizados para finalidades sociales, asistenciales o vinculadas directamente a la actividad de estas organizaciones. La propuesta contempla, entre otros supuestos, la instalación de sedes, la prestación de servicios sociosanitarios, la protección de víctimas de violencia de género, el alojamiento de personas vulnerables y el desarrollo de actividades educativas, cívicas o religiosas.
Las operaciones ya formalizadas quedarían protegidas
La iniciativa también incorpora una disposición transitoria destinada a preservar determinadas operaciones realizadas antes de la entrada en vigor de la eventual reforma.
En concreto, la limitación no se aplicaría a las transmisiones que hubieran sido formalizadas mediante escritura pública ante notario con anterioridad a la entrada en vigor de la norma, aunque todavía no hubieran sido inscritas en el Registro de la Propiedad.
La propuesta de Sumar abre así un nuevo debate sobre el papel de las empresas, fondos y otros inversores institucionales en el mercado residencial, en un momento en el que el acceso a la vivienda y la evolución de los precios se mantienen entre las principales cuestiones de la política inmobiliaria española.
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