El Pleno del Congreso abordará esta semana una nueva iniciativa de Sumar centrada en el acceso a la vivienda, en la que el grupo plantea medidas restrictivas sobre la compra de inmuebles por parte de grandes actores del mercado. La propuesta, de carácter no legislativo, vuelve a situar el debate sobre el papel de los fondos de inversión y las sociedades inmobiliarias en el mercado residencial español.
El grupo plurinacional Sumar defenderá en el Pleno una proposición no de ley con la que busca impulsar reformas legales para limitar o prohibir la adquisición de viviendas por parte de personas jurídicas, empresas y fondos de inversión.
La propuesta tiene sus antecedentes en la política de expropiación a fondos de inversión que ya en 2024 planteó Podemos.
Además no es la primera vez que se discute una iniciativa similar en la Cámara Baja. En noviembre de 2025 ya se sometió a debate una propuesta con este mismo objetivo, aunque entonces no logró siquiera su tramitación parlamentaria.
Antecedentes políticos y posiciones de los grupos
En aquella votación, la iniciativa fue rechazada con los votos en contra de PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria, mientras que PSOE y PNV optaron por la abstención.
Pese a ese precedente, Sumar ha decidido volver a plantear el asunto en el Pleno. El portavoz de Vivienda del grupo, Alberto Ibáñez, ya había defendido la medida en intentos anteriores y ahora insiste en reabrir el debate tras el cambio de posicionamiento de algunos actores políticos.
Referencias internacionales y giro en el discurso político
El debate ha vuelto a coger impulso tras declaraciones realizadas por el expresidente estadounidense Donald Trump, quien planteó la posibilidad de prohibir la compra de viviendas unifamiliares a grandes inversores en Estados Unidos.
A raíz de estas declaraciones, Vox habría mostrado sintonía con una medida de este tipo, lo que ha sido utilizado por Sumar para señalar lo que considera una contradicción en el posicionamiento de algunos partidos respecto a su propia propuesta.
Socimis, fiscalidad y crítica al modelo de inversión inmobiliaria
Más allá de la limitación de compras, la iniciativa también incluye la petición de derogar la normativa de 2009 que regula las SOCIMI, las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria.
Sumar argumenta que estas figuras tributan solo al 1% en el impuesto de sociedades, lo que, a su juicio, favorece la entrada de grandes fondos internacionales en el mercado español.
El grupo sostiene que esta dinámica ha contribuido a la concentración de vivienda en manos de grandes actores como Blackstone o Cerberus, a los que atribuye efectos de presión sobre los precios, expulsión de residentes y deterioro del acceso a la vivienda, en un contexto que considera problemático para el derecho constitucional a una vivienda digna.
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