El Algarrobico vuelve al centro del debate urbanístico. La Junta de Andalucía ha iniciado el procedimiento que puede desembocar en la demolición del hotel construido en Carboneras (Almería), con el objetivo de devolver los terrenos a su estado anterior y recuperar su protección ambiental.
La actuación afecta a un inmueble de una veintena de plantas y 411 habitaciones, construido hace más de veinte años y convertido en uno de los grandes símbolos del conflicto entre desarrollo urbanístico y protección del litoral.
Pero, más allá de la cuestión ambiental, la decisión plantea una pregunta: ¿es la demolición la única solución posible después de más de dos décadas de litigios y actuaciones administrativas?
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De proyecto turístico a símbolo del urbanismo fallido
El hotel obtuvo su licencia en enero de 2003, sobre unos terrenos que ya estaban clasificados como suelo no urbanizable de especial protección dentro del entorno del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
Desde entonces, el inmueble permanece sin actividad y se ha convertido en un ejemplo de conflicto entre una actuación autorizada administrativamente y una posterior controversia sobre la legalidad de esa autorización.
Ahora, la Junta pretende cerrar el caso mediante la restitución de los terrenos en un momento en que los proyectos hoteleros se disparan en Europa. El Ayuntamiento de Carboneras aprobó el 7 de julio la revisión de oficio de la licencia, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reclamara que culminara este procedimiento.
La Junta apuesta por derribar
La Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio ha abierto el expediente de restablecimiento de la legalidad territorial al amparo de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).
Los informes de la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo contemplan el desmantelamiento de las instalaciones, la demolición del hotel y la restauración posterior de los terrenos.
La Junta defiende que esta actuación permitirá recuperar los valores ambientales que justificaron la protección del suelo. Sin embargo, también existe otra perspectiva: el inmueble fue construido al amparo de una licencia administrativa y su demolición tendrá un coste económico y patrimonial.
La cuestión es quién deberá asumir finalmente ese coste y hasta qué punto los errores o contradicciones de las Administraciones durante estos años deben trasladarse a los ciudadanos.
¿Protección ambiental o rectificación de un error?
La defensa de los espacios naturales y del litoral resulta difícilmente cuestionable. El problema surge cuando una construcción autorizada administrativamente termina siendo considerada incompatible con la ordenación territorial años después.
El Algarrobico abre así un debate que trasciende este caso: qué responsabilidad corresponde a las Administraciones cuando una actuación urbanística autorizada acaba siendo revertida décadas después.
El derribo puede presentarse como una reparación ambiental, pero también como la consecuencia tardía de un fracaso de planificación y control urbanístico. Y es que la la competitividad del mercado se está viendo afectada por unos procesos urbanísticos lentos y complejos
El PP ante su decisión más ecologista
La paradoja política tampoco es menor. Es un Gobierno autonómico del PP el que impulsa ahora la demolición de uno de los edificios más polémicos del litoral español, adoptando una posición claramente conservacionista respecto al suelo protegido.
El debate debería abordar no solo si el hotel resulta compatible con el entorno, sino también cómo se permitió su construcción, por qué el conflicto se ha prolongado durante más de 20 años y quién responde por sus consecuencias económicas.
El derribo todavía no es inmediato
La apertura del expediente supone un nuevo paso, pero no significa que la demolición vaya a ejecutarse de forma inmediata. El procedimiento deberá continuar con las correspondientes garantías administrativas y jurídicas.
El Algarrobico encara así otro capítulo de su larga historia. La Junta quiere convertir su demolición en el punto final del conflicto, aunque todavía queda por determinar si será el cierre de un problema ambiental o el último episodio de una cadena de decisiones administrativas cuya responsabilidad sigue generando interrogantes.
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