El Parlamento Europeo ha fijado una posición común sobre la crisis de acceso a la vivienda tras aprobar, el pasado mes de marzo, un informe respaldado por una amplia mayoría de la Eurocámara. El documento, elaborado con la participación del eurodiputado del Partido Popular Borja Giménez concluye que el principal desafío del mercado residencial europeo es la insuficiencia de viviendas disponibles y defiende que las políticas públicas deben concentrarse en aumentar la oferta.
El texto salió adelante con 367 votos favorables, frente a 166 en contra y 84 abstenciones, reflejando un consenso poco habitual entre populares, socialdemócratas y liberales sobre el diagnóstico de la crisis habitacional que afecta a buena parte de la Unión Europea.
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Un déficit de viviendas que presiona los precios en toda Europa
El informe advierte de que la Unión Europea necesita incorporar alrededor de diez millones de viviendas para equilibrar el mercado. Durante los últimos quince años, el precio de compra de los inmuebles ha aumentado aproximadamente un 60%, mientras que los alquileres se han encarecido en torno a un 30%, una evolución que, según el Parlamento Europeo, responde principalmente al desfase entre la demanda y la capacidad de construcción.
España figura entre los países donde este desequilibrio resulta más evidente. En 2025 se constituyeron unos 240.000 nuevos hogares, mientras que únicamente se finalizaron unas 92.000 viviendas, además de registrarse un descenso del 9% en la producción residencial. La Eurocámara considera que el verdadero origen de la crisis es la insuficiente oferta de vivienda, incapaz de responder al crecimiento de la demanda.
Simplificar la normativa y movilizar inversión para construir más
El documento europeo plantea una batería de reformas destinadas a facilitar la promoción de nuevas viviendas. Entre las principales recomendaciones figuran la agilización de los procedimientos administrativos, la movilización de suelo urbanizable, el impulso a la innovación en el sector de la construcción, la reducción de cargas regulatorias y una mayor colaboración entre inversión pública y privada.
El informe defiende que todas las políticas de vivienda deben orientarse prioritariamente a incrementar el parque residencial, al entender que cualquier otra actuación tendrá un impacto limitado mientras persista el déficit de viviendas.
En materia financiera, el Parlamento Europeo también propone reforzar el papel del Banco Europeo de Inversiones, ampliar los recursos comunitarios destinados a vivienda asequible y estudiar la creación de mecanismos europeos que faciliten la financiación de nuevos desarrollos inmobiliarios.
Asimismo, la institución plantea modificar la directiva del IVA para permitir que los Estados miembros puedan aplicar tipos superreducidos a la construcción y rehabilitación de viviendas cuando estas formen parte de programas de carácter social.
España, entre los países con mayores obstáculos para construir
El análisis identifica diversos factores que dificultan especialmente la construcción de viviendas en España. Entre ellos destacan la lentitud de los procesos urbanísticos, que pueden prolongarse entre diez y quince años para transformar suelo, así como los retrasos en la concesión de licencias de obra, cuyo plazo medio ronda los doce meses.
Según el eurodiputado español, las políticas de carácter estructural deberían sustituir a las medidas de intervención sobre el mercado, al considerar que limitar precios o restringir determinadas operaciones no resuelve el problema de fondo si no aumenta el número de viviendas disponibles.
En este contexto, el informe recuerda que experiencias similares desarrolladas en distintas ciudades europeas no han logrado corregir los desequilibrios entre oferta y demanda y subraya la necesidad de centrar los esfuerzos en facilitar la construcción de vivienda tanto pública como privada.
Consenso europeo y llamada a un pacto para afrontar una crisis estructural
Uno de los aspectos más destacados del informe es el amplio respaldo político que obtuvo en la Eurocámara, donde grupos tradicionalmente enfrentados coincidieron en la necesidad de impulsar medidas que favorezcan la construcción de nuevas viviendas.
El Parlamento Europeo apuesta por reducir trabas administrativas, atraer inversión y aumentar la oferta residencial como estrategia principal para mejorar el acceso a la vivienda. El documento también incorpora una condena expresa de la ocupación ilegal de inmuebles y reclama políticas que aporten mayor seguridad jurídica al mercado.
Pese a que las competencias en materia de vivienda corresponden principalmente a los Estados miembros, el Parlamento considera que la Unión Europea puede desempeñar un papel relevante mediante recomendaciones, instrumentos financieros y reformas normativas que favorezcan la construcción.
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