El pasado 2 de enero fue aprobada la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta ley que busca la eficiencia procesal y la descongestión de los tribunales va a dificultar aún más el cobro a morosos por parte de autónomos y micropymes.
Básicamente, la nueva ley establece que no puede denunciarse a un moroso si no se demuestra antes que ha habido una intención de acuerdo. Esto supone mayor documentación y burofaxes a los acreedores, y si estos no contestan, el procedimiento se complica aún más, habrá que esperar 30 días y probar que se hizo el intento de contacto.
La obligación de una fase de intento de acuerdo, que puede ser una negociación directa, una mediación, o una oferta vinculante, debe quedar documentada y ser verificable, lo cual no es fácil. Lo que antes era un consejo, digamos, ahora es un requisito formal y sancionable.
Además del coste que esto supondrá para autónomos y pymes, muchos de ellos tendrán que llegar a acuerdos desfavorables. Para evitar el juicio se puede reducir el importe adeudado, se alargarán plazos y podrían hasta renunciarse a los intereses de demora.
La sensación que se tiene es que esta ley, lejos de potenciar los acuerdos equilibrados, va a favorecer claramente al moroso. Con esta nueva norma, podría darse una tendencia generalizada en los deudores a prolongar el tiempo de pago de sus deudas, a sabiendas de que el sistema les favorece.
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