Okupas son reyes en Barcelona, el decreto ley 1/2020 los protege

0
2650
Okupas Barcelona Decreto Ley 1/2020

En la actualidad Cataluña está acaparando casi la mitad de las denuncias por ocupación ilegal en España.

La aprobación del nuevo decreto ley 1/2020 de 21 de marzo que modifica el decreto Ley 17/2019 de 23 de diciembre de medidas urgentes para la mejora del acceso a la vivienda, ha levantado ampollas en el mercado inmobiliario. Ya que obliga a los grandes tenedores (entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, fondos de inversión y entidades de gestión de activos, fondos de capital riesgo) a ofrecer un alquiler social a los okupas ilegales de sus viviendas antes de los últimos seis meses de la entrada en vigor de esta norma (en concreto, antes del 30 de junio de 2019), incluso cuando ya exista un proceso judicial en marcha.

Este Decreto ha puesto al sector privado inmobiliario catalán en pie de guerra. Desde promotores y constructores, agentes inmobiliarios y agentes de la propiedad se quejan de una norma que crea inseguridad jurídica, colisiona con derechos constitucionales y no va a resolver el problema de la escasez de vivienda social que existe en Cataluña.

Hasta el propio Consejo de Garantías, que vela por garantizar la Constitución y el Estatut se ha pronunciado y ha dictaminado inconstitucional el decreto por arbitrario e irracional. “Este decreto no solo entra en el asunto de la ocupación sino que modifica la ley de urbanismo y de vivienda”.

Según Josep Donés, secretario general técnico de la Asociación de Promotores Constructores de Cataluña (APCE). “El decreto entra en conflicto con el derecho constitucional y la plena libertad de decidir sobre la propiedad privada, obligando a ofrecer un contrato social a las personas que entran en la vivienda sin su consentimiento”.

Entre los principales riesgos existe el efecto llamada de dar la patada a la puerta y los efectos económicos, ya que dicha norma no reducirá los precios ni permitirá sacar más viviendas al mercado del alquiler. Distorsionándose así el mercado inmobiliario en el que no se construirá para alquilar sino para vender.

Este decreto ha calado de tal manera que el PP ha anunciado que llevará esta ley al Tribunal Constitucional. Esta norma preocupa mucho al sector inmobiliario debido al aumento de las ocupaciones ilegales de viviendas.

Según datos del Ministerio del Interior, más de 14.000 ocupaciones ilegales han sido denunciadas ante las Fuerzas de Seguridad del Estado el pasado año. En 2010 apenas llegaban a mil. Pero en 2019, está Comunidad autónoma alcanzó el 46% del total de las denuncias por este motivo, se contabilizaron 6.688 ocupaciones.

La razón que supuestamente justifica la okupación ilegal en Cataluña es que “hay un porcentaje muy bajo de viviendas de alquiler social”. Y Cataluña, con este decreto está intentado cubrir con la propiedad privada la necesidad de vivienda social en dicha comunidad.

Noticias relacionadas