Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra

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El pasado martes, el ‘Plan Nacional de Respuesta’ fue aprobado por el Consejo de Ministros para frenar los efectos económicos del conflicto bélico ucraniano. Dentro de este plan, se incluyen medidas extraordinaria, tales como la prohibición de despidos en negocios que obtengan subvenciones públicas, bonificación mínima de 20 céntimos el litro de carburante para la población española y límite máximo del 2% a la renovación anual de los arrendamientos hasta el 30 junio.

El Gobierno ha comentado que este proyecto prevé paliar el impacto de la crisis en el PIB y la subida importante de la inflación.

Para ello, se destinará al Plan Nacional de Respuesta un presupuesto de 16.000 millones de euros, que se dividirá 10.000 a la creación de una nueva línea ICO y otros 6.000 destinados a la reducción de impuestos y subvenciones directas. El proyecto se desgranará en cinco aspectos: medidas para el sector energético; medidas para el sector de transportes; subvenciones a familias, desplazados y trabajadores; medidas para ciberseguridad y, por último, subvenciones para el tejido empresarial.

El Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, recoge numerosas medidas y ayudas dentro de él, entre las que destacan:

  • Limitar al 2% hasta el 30 de junio las renovaciones anuales de los aumentos de los precios de los contratos de arrendamiento de vivienda. Los propietarios pequeños tendrán la opción de negociar con sus inquilinos la renta del alquiler. Sin embargo, si no hay acuerdo, será aplicable el límite máximo del 2%.
  • El descuento establecido en la luz será prorrogado hasta el 30 de junio. Hasta esta fecha, será aplicable solamente el 10% de IVA y un 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad. En suma, durante los próximos tres meses, continuará suspendido el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica.
  • Las deducciones en la factura de la luz serán extendidas. Para los consumidores vulnerables, la rebaja será del 60%, mientras que para los vulnerables severos, alcanzará el 70%.
  • Incrementar un 15% la subvención del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para alcanzar a un mayor número de grupos vulnerables. Esto lo podrá disfrutar los ya beneficiados, así como los nuevos solicitantes de la ayuda que la hayan pedido durante la aplicación del real decreto-ley sin estar resueltas, incluidas aquellas solicitudes presentadas posteriormente, siempre y cuando hayan sido reconocidos antes del 1 de junio de 2022.
  • Esta ayuda llegará a 600.000 familias y se sumará el bono social eléctrico para poder beneficiar a casi 2 millones de hogares. Para ello, se simplificará el procedimiento de petición del bono social para aquellos grupos vulnerables. El BOE establece: “Concretamente, se sustituye el concepto de unidad familiar por el de unidad de convivencia, en línea con la evolución normativa experimentada en la legislación de protección social y se incorpora a los perceptores del ingreso mínimo vital, que podrán acogerse al bono social eléctrico de forma mucho más sencilla”.
  • Las empresas tendrán la opción de implantar acciones de flexibilidad, como los ERTE, de la misma forma que los despidos en sectores beneficiados por ayudas quedarán prohibidos.
  • Bonificación mínima de 20 céntimos el litro de carburante para la población española íntegramente y no solo para transportistas. Estos 20 céntimos se dividen en 15 céntimos rebajados por el Gobierno y los 5 restante por las petroleras, las cuales algunas han admitido que llevaron a cabo deducciones mayores. Si la petrolera no realiza la rebaja, la deducción estatal alcanzará los 20 céntimos. Esta medida irá dirigida a los repostajes y supondrá una pérdida de 1.420 millones de euros al Estado

Para suavizar la crisis, se prohibirá que las empresas puedan a llevar a cabo despidos cuando hayan recurrido a los ERTE, expedientes de regulación temporal de empleo, así como cuando las empresas posean causa en la subida de los costes de la energía, debido a que el motivo será establecido como injustificado. Si las empresas no cumplen con estas condiciones, estas deberán retornar las subvenciones públicas obtenidas.

Los sectores afectados podrán disfrutar de créditos ICO con un valor total de 10.000 millones

Dentro de las medidas destinadas al sector del tejido económico y empresarial, se ofrecerá un nuevo paquete de 10.000 millones de euros para créditos ICO con el objetivo de proteger necesidades de liquidez causadas por el incremento de los precios de los carburantes y de la energía. Los avales serán concedidos para finales de año, hasta el 31 de diciembre, y contarán con un plazo de un año de carencia.

En suma, se agilizará el procedimiento de los avales aprobados para los créditos covid con el fin de disminuir las condiciones para la prórroga del vencimiento. Por ejemplo, no será obligatorio para poder ampliar el plazo haber experimentado una reducción de más del 30% en las cifras de negocio de 2020 respecto a 2019.

Los deudores pertenecientes a los sectores más perjudicados podrán solicitar un plazo de seis meses de carencia. Además, las entidades financieras estarán obligadas a preservar para sus clientes las líneas de circulante.

Las empresas de los sectores afectados por la crisis podrán disfrutar de prórrogas especiales de las tarifas a la Seguridad Social por un interés siete veces menor de lo normal del 0,5%, medida incluida en el plan. Se consideran sectores perjudicados el transporte por mar, carretera y urbano. En suma, estas prórrogas serán extendidas un mes más para todos aquellos autónomos que pertenezcan al Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia (SETA) y para los negocios del Sistema Especial Agrario.

Además, el Plan también incluye una serie de subvenciones directas que cuentan con un presupuesto de 362 millones de euros para los sectores de la ganadería y de la agricultura. Para el pesquero, habrá ayudas directas de 68 millones de euros. Otros sectores que también recibirán subvenciones directas son las empresas armadoras y los buques con una cuantía total de 18,18 millones de euros para paliar la subida de los costes del carburante. La cifra oscilará dependiendo del tonelaje del buque, entre 1.550,52 y 35.000 euros.

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