La falta de una mayoría suficiente ha obligado al Gobierno a posponer la aprobación del nuevo real decreto ley de vivienda, que inicialmente iba a ser abordado en el último Consejo de Ministros antes del parón estival. El Ejecutivo ha optado por retirar temporalmente la iniciativa al constatar que no contaba con los apoyos necesarios para garantizar posteriormente su convalidación en el Congreso de los Diputados.
Entre las principales medidas previstas figuraba la prórroga de la congelación de las rentas de alquiler durante dos años más, además de una profunda regulación del alquiler temporal. Sin embargo, el rechazo manifestado por varios de los socios parlamentarios ha llevado a Moncloa a aplazar su tramitación hasta después del verano.
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Junts y Podemos frustran la mayoría necesaria
Durante las últimas semanas, el Gobierno trató de incorporar distintas modificaciones al texto con el objetivo de atraer el respaldo de los partidos que sostienen la legislatura. No obstante, las discrepancias con Junts y Podemos terminaron bloqueando el acuerdo.
Desde Junts se rechazaron diversos aspectos del borrador al considerar que no resolvía los problemas derivados de la ocupación ilegal ni ofrecía suficientes garantías para pequeños propietarios e inquilinos, además de reclamar cambios adicionales en la política de vivienda.
Por su parte, Podemos expresó su oposición al entender que el decreto incorporaba beneficios fiscales para propietarios y denunciando además que el texto incluía modificaciones relacionadas con la legislación del suelo que, a su juicio, no debían tramitarse mediante esta norma.
Junts reclama un cambio de rumbo en la política de vivienda
Horas antes de confirmarse el aplazamiento, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, defendió públicamente la necesidad de replantear la estrategia del Gobierno en materia de vivienda.
La formación considera que el principal problema del mercado es la insuficiente oferta disponible, circunstancia que, en su opinión, ha provocado que las viviendas en alquiler desaparezcan del mercado en muy poco tiempo y que los precios continúen elevados.
Asimismo, el partido cuestiona la eficacia de las limitaciones sobre las rentas, al entender que los controles de precios no incrementan el número de viviendas disponibles y pueden contribuir a reducir aún más la oferta residencial.
Tras el aplazamiento del decreto, Junts instó al Ejecutivo a aprovechar las próximas semanas para revisar el contenido de la iniciativa e incorporar propuestas que permitan alcanzar un consenso más amplio cuando se reanude la actividad parlamentaria.
La regulación del alquiler temporal, entre las principales novedades
Además de ampliar la congelación de las rentas, el proyecto contemplaba una regulación específica para los contratos de alquiler temporal, diferenciándolos claramente del alquiler de vivienda habitual.
El borrador establecía una duración mínima de 31 días y un máximo de 12 meses, exigiendo además que el arrendador acreditara la causa que justificara el carácter temporal del contrato.
También se preveía que la sucesión de más de dos contratos temporales entre las mismas partes o la superación del límite de un año transformara automáticamente el arrendamiento en un contrato de vivienda habitual, con todas las consecuencias legales asociadas.
Límites a las rentas en las zonas tensionadas
Otra de las medidas incluidas en el texto afectaba a los mercados residenciales declarados tensionados.
En estas áreas, la renta del nuevo contrato no podría superar la del último arrendamiento formalizado durante los cinco años anteriores, salvo determinados supuestos excepcionales, como actuaciones de rehabilitación, mejoras en eficiencia energética o accesibilidad, o contratos de larga duración, en los que se permitiría un incremento máximo del 10%.
Además, los grandes tenedores quedarían sujetos a los índices oficiales de referencia para la fijación de las rentas.
El Gobierno mantiene abierta la negociación
Pese al aplazamiento, el Ministerio de Vivienda sostiene que todavía es posible alcanzar un acuerdo amplio que permita sacar adelante un paquete de medidas destinado a reforzar la estabilidad del mercado del alquiler y aumentar la oferta de vivienda asequible.
Desde el departamento consideran que la complejidad del texto y la cercanía del cierre del periodo de sesiones han dificultado culminar las negociaciones, motivo por el que se ha decidido conceder varias semanas adicionales para continuar los contactos con los distintos grupos parlamentarios.
Mientras tanto, el Ejecutivo ha optado por centrar la última reunión del Consejo de Ministros antes del verano en otras prioridades, como las actuaciones relacionadas con la emergencia provocada por los incendios forestales.
El objetivo será retomar el decreto tras el verano
El Ministerio de Vivienda mantiene su intención de reactivar las conversaciones durante las próximas semanas con el propósito de alcanzar un consenso suficiente que permita aprobar un texto con mayores garantías de éxito parlamentario.
El objetivo del Ejecutivo sigue siendo impulsar una reforma que aporte estabilidad al mercado del alquiler, mejore el acceso a la vivienda y favorezca el incremento de la oferta residencial, aunque su tramitación queda ahora pendiente de la evolución de las negociaciones políticas tras el periodo estival.
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