Actualización del precio del alquiler de la vivienda con el nuevo índice

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alquiler de vivienda temporal
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Con la nueva Ley 12/2023 de la vivienda se fijaron unos límites a la subida de los precios del alquiler. Se establecieron dos topes del 2% y el 3% para regular el alquiler en 2023 y 2024 respectivamente.  Las subidas del precio del alquiler de vivienda debían ser de mutuo acuerdo entre las partes y nunca superar estos porcentajes.

La actualización de las rentas de alquiler se fundamenta en el derecho que la LAU (Ley de Arrendamiento Urbano) concede al propietario para adaptar anualmente las rentas a la economía del momento (siempre que aparezca en el contrato de arrendamiento).

El regulador anterior que establecía la subida de las rentas de alquiler era el IPC. Pero el IPC empezó a tener subidas repentinas por factores como el encarecimiento de la luz, la subida de precios por la pandemia y luego la guerra de Ucrania. Esto exponía a los inquilinos a subidas exageradas de la renta de alquiler por lo que el gobierno decidió dejar de utilizar el IPC como actualizador de las rentas de alquiler. Quedando este fuera de juego, se establecieron los topes impuestos de 2023 y 2024 y la Ley estableció que para 2025 sería el INE, con sus datos, quién establecería un nuevo índice de actualización de las rentas de alquiler de vivienda. Este índice debería ser más bajo y más estable que el IPC.

Sin noticias de nuevo índice de actualización de las rentas de alquiler

La Ley 12 / 2023 de la vivienda establece en la Disposición adicional undécima que  “El Instituto Nacional de Estadística definirá, antes del 31 de diciembre de 2024, un índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda que se fijará como límite de referencia a los efectos del artículo 18 de esta ley, con el objeto de evitar incrementos desproporcionados en la renta de los contratos de arrendamiento”

Hasta el momento el INE no se ha manifestado sobre el nuevo índice, pero la Ley deja claro que debe estar establecido para el 1 de Enero de 2025. Este retraso llena de incertidumbre a inversores y propietarios de viviendas de alquiler que no pueden calcular sus expectativas de rentabilidad, por lo que acaba bloqueándose el mercado.

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