El Constitucional sentencia de nuevo contra la Ley de Alquiler de Vivienda catalana

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2011
ley alquiler

El Tribunal Constitucional en una nueva sentencia ha declarado que la Ley Catalana de alquiler es inconstitucional, debido a que se apropia de competencias pertenecientes al Estado.

Después de no aprobar la medida por la que se limitaba los precios de los alquileres, el Constitucional ha fallado en contra de obligar los grandes tenedores a aportar un alquiler social como método de realojo para los colectivos vulnerables previamente a que se comience el desahucio.

Tras el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno catalán contra la Ley autonómica del alquiler, el Tribunal Constitucional ha reafirmado su posición, ya que la legislación pretende apropiarse de competencias de derecho civil del Estado, sobre todo, en los contratos de alquiler de viviendas.

Hace un mes, el Constitucional falló contra la normativa catalana tras el recurso que presentó el Partido Popular por la inconstitucionalidad de 11 puntos pertenecientes a dicha ley. Dentro de estos artículos, se encontraban la medida por la que se pretende limitar los precios del arrendamiento en las áreas tensionadas. Una medida que el TC declara que pertenece al Estado fijar tal limitación.

Artículos declarados nulos por el Constitucional

En este último fallo, se ha declarado nulos e inconstitucionales los siguientes artículos:

  • Artículo 14 que afecta al régimen sancionador
  • 16.1 que fija el precio del contrato de alquiler en los anuncios
  • Artículo 17 y 18 que obligan a los grandes tenedores a probar ante el juzgado que ofrecieron previamente a la demanda de impago, realojo o un alquiler social a los colectivos vulnerables.

Sin embargo, respecto a la tramitación de la Ley de Vivienda Estatal, las dos sentencias del Constitucional coinciden con ella. Dentro de las medidas planteadas en esta se encuentra limitar los alquileres en áreas tensionadas.

Unidas Podemos presentó una serie de enmiendas ante el Congreso de los Diputados a la tramitación de la legislación de vivienda que promovieron en el Ejecutivo.

Dentro de estas medidas planteadas se encuentran:

  • Obligar a Sareb a Destinar al alquiler social un 75% de las viviendas
  • Establecer un tope de hasta el 2% de los habitantes de un barrio en las plazas de vivienda turística.
  • Reducir el índice del aumento de los precios para clasificar a una zona como área tensionada y controlar sus precios.

Respecto a esta última enmienda, la regulación del Gobierno propone considerar a un área como tensionada cuando se produzca en una comunidad autónoma un incremento de 5 puntos superior al IPC de los precios en los últimos cinco años. La medida planteada por Podemos propone que los 5 puntos se reduzcan solamente a dos.

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Ignacio Morales.
Economista – ICADE

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