Decreto Ley de vivienda 17/2019 en Cataluña al límite en rentabilidad

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Decreto vivienda Cataluña

Tras la aprobación del Decreto Ley de la vivienda en Cataluña se dibuja un nuevo escenario en el sector inmobiliario catalán.

La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona planean lanzar nuevas medidas para mejorar el acceso a la vivienda. El Decreto Ley 17/2019 está siendo considerado como una norma que afecta negativamente al sector inmobiliario.

            Dicha norma pretende:

  •  Incrementar el parque de viviendas protegidas y la oferta de viviendas en régimen de alquiler.
  • Herramientas para fomentar la salida al mercado de viviendas vacías.
  • Herramientas de mejora de gestión de la situación social.
  • Incremento de la calificación de las viviendas de protección oficial.
  • Moderación de los precios del alquiler de las viviendas libres.
  • Cuando se cambie de terreno rústico a urbanizable se ha de reservar un 40% a viviendas de VPO.
  • El Decreto Ley pretende que se incremente el parque de viviendas, que no dejarán de ser en ninguno de los casos de la administración pública.
  • Respecto al precio, se fijará un precio fijo al mes por m2 indiferentemente del barrio en el que se encuentre.

Consecuencias en el sector inmobiliario de Cataluña

El actual Decreto Ley no resuelve los problemas del negocio inmobiliario y se sienten desprotegidos por las medidas adoptadas en él; de hecho se sobreprotege a los inquilinos okupas y se desprotege a los propietarios. Visualizándose en el sector inmobiliario a largo plazo un incremento de los precios del alquiler, debido a la escasez de viviendas de VPO y a la dificultad de desarrollar promociones de viviendas para el alquiler.

Como resultado de la aplicación del actual Decreto se han puesto de manifiesto importantes consecuencias:

  • De 2018 a 2019 ha disminuido la producción de viviendas en Barcelona de un 55,3%.
  • Incremento de reservas de viviendas de VPO en el área metropolitana.
  • Los cambios en los contratos de alquiler social obligatorio de 3 a 7 años.
  • Dificultad en la realización de operaciones de rehabilitación con la consecuente degradación de barrios e inmuebles.

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