Fedea y la rotura del derecho propiedad por los okupas

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Fedea y la rotura del derecho propiedad por los okupas

Basándonos en el Informe sobre la economía española 2020/26 realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea)  firmado por Benito Arruñada de la Universidad Pompeu Fabra, se pone de manifiesto la erosión que está sufriendo la seguridad jurídica en España.

Dicho estudio refleja con sentencias y normas los problemas de la ocupación ilegal en España y como los derechos de propiedad están sufriendo una desprotección creciente derivado de los cambios legales y regulatorios.

El estudio revela dos problemas en la seguridad jurídica de España;

  • Por un lado la simultaneidad y exceso de reglas de obligado cumplimiento.
  • Y por otro el déficit de reglas de libre incorporación a los contratos que ayudarían a reducir costes.  

El experto de la Universidad Pompeu Fabra matiza que;

 “Cuando los países alcanzan cierto grado de desarrollo, corren el riesgo de olvidar que la seguridad del derecho de propiedad es condición necesaria para la prosperidad económica”.

Los déficits principales que se detectan en nuestra seguridad jurídica son los siguientes:

1. Los derechos de propiedad sufren una desprotección creciente derivada de cambios legales y regulatorios que exceden los criterios de razonabilidad imperantes tanto en la Unión Europea como en el ámbito de las inversiones transnacionales. Que subvierten la propiedad privada para suplir sin coste las carencias de las políticas públicas (el caso, por ejemplo, de los desahucios y la ocupación de viviendas).

2. La contratación privada padece dificultades para dotarse de mecanismos de autorregulación y arbitraje en la medida en que el sistema judicial muestra cierta tendencia a excederse en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

3. La legislación sufre simultáneamente:

 (a) Un exceso de reglas “imperativas” (de obligado cumplimiento), muchas de las cuales son innecesarias porque no responden a fallos genuinos de la contratación libre;

 (b) Un déficit de reglas “dispositivas” (de libre incorporación a los contratos), que ayudarían a reducir los costes contractuales.

 (c) Una decreciente calidad técnica de las leyes, que tienden, además, a multiplicarse sin necesidad de cambiar.

4. En el funcionamiento de los tribunales de justicia se suele criticar la lentitud e imprevisibilidad de muchas sentencias.

En conclusión con este estudio se pretende informar y dar solución a los problemas que confrontan los operadores económicos, las soluciones que utilizan y cómo las instituciones jurídicas ayudan a resolverlos. Sobre esta base y con la ayuda de sentencias y normas se abre un debate sobre ¿Con qué eficacia desempeñan esa tarea las instituciones económicas españolas?

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