Una de las ausencias laborales más relevantes es la incapacidad temporal (IT), conocida comúnmente como baja médica por enfermedad o accidente que se ha consolidado como uno de los grandes desafíos económicos y laborales de España. Esta prestación, que protege al trabajador cuando no puede desempeñar temporalmente su empleo, supuso un gasto de 16.500 millones de euros en 2024, convirtiéndose en el segundo mayor desembolso de la Seguridad Social tras las pensiones.
Sin embargo, el fuerte incremento de las bajas médicas ha reabierto el debate sobre si el sistema ha derivado hacia un modelo con un exceso de protección y escasos mecanismos de control, especialmente en determinados sectores y perfiles laborales.
Conviene recordar que la incapacidad temporal no debe confundirse con el absentismo laboral. Mientras la IT está respaldada por una justificación médica, el absentismo responde a ausencias injustificadas o voluntarias. Aun así, cada vez más empresas alertan de que el crecimiento de las bajas está generando problemas de productividad, costes adicionales y dificultades organizativas.
Las bajas aumentan un 60% en siete años
Un estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) refleja que las bajas por contingencias comunes se han disparado cerca de un 60% entre 2017 y 2024. Además, los procesos duran cada vez más tiempo, especialmente en las patologías que generan un mayor impacto económico para las cuentas públicas.
El organismo sitúa esta evolución en un contexto marcado por el empeoramiento de las listas de espera sanitarias y por un marco normativo cada vez más garantista con el trabajador.
La AIReF destaca que la mitad de los convenios sectoriales y casi dos tercios de los convenios de empresa incluyen complementos salariales durante la baja, de manera que muchos empleados llegan a cobrar prácticamente el 100% de su sueldo mientras permanecen de baja médica.
Para algunos expertos, esta situación reduce notablemente el coste económico de ausentarse del trabajo y puede favorecer un uso más amplio de la prestación. El informe recuerda, por ejemplo, que la recuperación del complemento íntegro del salario para empleados públicos en situación de IT elevó un 40% la probabilidad de iniciar una baja.
Más estabilidad laboral y menos miedo a ausentarse
Otro de los factores señalados por la AIReF es la reforma laboral y el auge de la contratación indefinida. Según el organismo, el paso de contratos temporales a indefinidos incrementó alrededor de un 30% la probabilidad de iniciar un episodio de incapacidad temporal.
La periodista económica Pilar García de la Granja explicó en la cadena COPE que la mayor estabilidad laboral reduce el temor a perder el empleo, algo que influye directamente a la hora de solicitar una baja cuando aparece un problema de salud.
En otras palabras, el contrato indefinido aporta seguridad, pero también elimina parte de la presión que antes existía entre muchos trabajadores temporales para evitar ausencias prolongadas.
El perfil más habitual de trabajador que solicita bajas no corresponde ni a los salarios más bajos ni a los altos directivos, sino al empleado con sueldo medio que además ya había estado de baja el año anterior.
Empresas y expertos alertan del impacto económico
El informe también revela que las bajas son más frecuentes en grandes empresas, en el sector público y entre mujeres y menores de 40 años. En cambio, los autónomos recurren menos a esta prestación, principalmente por el fuerte impacto económico que supone dejar de trabajar.
Mientras tanto, el aumento de las bajas empieza a preocupar a empresas y analistas laborales, que advierten de que España se enfrenta a un modelo donde los derechos y coberturas laborales han crecido con mucha intensidad, pero los incentivos para limitar las ausencias se han debilitado.
La combinación de salarios garantizados durante la baja, mayor protección frente al despido y contratos indefinidos ha generado, según algunos expertos, un entorno donde el coste personal de ausentarse del trabajo es cada vez menor. El resultado es un sistema más protector para el trabajador, pero también más costoso para empresas y Seguridad Social.
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