En el ámbito empresarial es común que pymes, autónomos y proveedores se enfrenten a sociedades que no disponen de patrimonio suficiente para cumplir con sus pagos. Aunque estas compañías continúan operando pese a tener pérdidas acumuladas y un patrimonio neto reducido, para los acreedores esto puede generar la sensación de que sus facturas son imposibles de cobrar.
Reclamaciones al administrador: una vía legal eficaz
La Ley de Sociedades de Capital (LSC) contempla que, cuando el patrimonio neto de una empresa cae por debajo de la mitad de su capital social, se activa una obligación legal para el administrador. Este debe convocar junta para disolver, recapitalizar o promover el concurso de la sociedad.
Si no lo hace, el art. 367 LSC establece que el administrador responde solidariamente de las deudas sociales generadas tras esta situación. Esto permite al acreedor reclamar directamente al administrador como si fuera avalista, aumentando las posibilidades de recuperar el dinero incluso cuando la empresa carece de activos.
La doctrina del Tribunal Supremo amplía la responsabilidad
El Tribunal Supremo, en su sentencia nº 3/2026 de 8 de enero, ha precisado que la responsabilidad del administrador no se limita al importe principal de la deuda. También incluye:
- Intereses legales y de demora (incluidos los de la Ley 3/2004 contra la morosidad).
- Penalizaciones contractuales.
- Otros conceptos accesorios exigibles a la sociedad.
Como resume el Tribunal, “si el interés era exigible a la sociedad, también lo es al administrador solidario”, lo que multiplica el alcance de la reclamación y el valor potencial del cobro.
Agilidad y asesoramiento: claves para recuperar deudas
Antes de asumir una deuda como incobrable, conviene revisar las cuentas anuales y confirmar si la sociedad estaba en causa de disolución cuando surgió la obligación de pago. Actuar con rapidez permite utilizar la vía del art. 367 LSC y diseñar una estrategia eficaz de recuperación.
Contar con asesoramiento especializado desde el inicio puede marcar la diferencia entre recuperar la deuda o perderla definitivamente. La combinación de acción temprana y conocimiento legal aumenta significativamente las probabilidades de éxito.
