El Tribunal Supremo fija doctrina acerca del método de comprobación del valor real de inmuebles a efectos del cálculo del ITP

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El Tribunal Supremo sienta jurisprudencia y declara que “el método que posibilita la Ley General Tributaria, a los efectos del cálculo del ITP, consistente en multiplicar el valor catastral por un coeficiente, no es ni idóneo, ni adecuado, salvo que se complemente con una comprobación directa por parte de la administración, del inmueble concreto sometido a valoración”.

El TS ha fijado esta doctrina en cuatro sentencias dictadas recientemente tras estudiar los recursos de la Junta de Castilla-La Mancha, los cuales pretendían incrementar el valor declarado por cuatro contribuyentes para liquidar el ITP (Impuestos de Transiciones Patrimoniales) de las viviendas que adquirieron en 2012 a la inmobiliaria del Banco Santander en Seseña (Toledo), después de que dicha entidad se adjudicara dichos inmuebles que pertenecían a las promociones de “El Pocero”.

El Supremo establece como doctrina que “el método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes (artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria) no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo”.

Además, añade que la aplicación de ese método de comprobación “no dota a la Administración de una presunción reforzada de veracidad y acierto de los valores incluidos en los coeficientes, figuren en disposiciones generales o no”, y que “la aplicación de tal método para rectificar el valor declarado por el contribuyente exige que la Administración exprese motivadamente las razones por las que, a su juicio, tal valor declarado no se corresponde con el valor real, sin que baste para justificar el inicio de la comprobación la mera discordancia con los valores o coeficientes generales publicados por los que se multiplica el valor catastral”.

 

Por otra parte, el presidente del Consejo General de Colegios API, D. Diego Galiano, se ha pronunciado con respecto a esta sentencia y ha explicado que en periodo de crisis y recesión, los valores de los activos patrimoniales descendieron drásticamente, y por ello numerosas operaciones de compraventa se formalizaron por precios bajos. “Sin embargo, las administraciones tributarias exigían se liquidara el ITP con arreglo a su valor administrativo, de forma automática e injusta, pues se limitaban a aplicar una fórmula ajena a la realidad del precio del mercado”. También afirma que “aunque ha tardado en llegar, (los API) estamos muy satisfechos con una resolución judicial que viene a proteger los desvalidos derechos de los consumidores inmobiliarios”.

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Fuentes:  Poderjudicial.es / Consejocoapis.org