Competencia propone unificar criterios y eliminar restricciones.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomienda en su estudio sobre la regulación de las viviendas de uso turístico en España una profunda revisión en cuanto a la normativa aprobada en los últimos años. Su principal propuesta es “unificar criterios” y eliminar “restricciones especialmente graves”.
La CNMC concluye que muchas de estas normas autonómicas y locales en España no son necesarias y que han favorecido “un marco heterogéneo y altamente restrictivo” con dicha actividad.
“La expansión de las viviendas turísticas ha intensificado la competencia, propiciando menores precios y un mayor calidad de los alojamientos turísticos“, expone la CNMC. Y afirma que “las viviendas de uno turístico contribuyen a una utilización más racional de los espacios urbanos, ya que, a diferencia de otras formas de alojamiento turístico, pueden ser habitadas con carácter habitual por los residentes y arrendadas a los viajeros en los momentos de mayor demanda“.
Asimismo, el informe considera que esta actividad “aporta riqueza a los ciudadanos, contribuyen a recuperar barrios tradicionalmente degradados y tienen un efecto positivo de arrastre sobre el comercio local y sobre el turismo en su conjunto“.
Sobre los efectos negativos de las viviendas de uso turístico.
La CNMC también ha tenido en cuenta en su informe el análisis de algunos efectos negativos relacionados con los apartamentos turísticos.
Uno de ellos es la congestión, es decir el ruido o el impacto sobre el medio ambiente, una comunidad de vecinos, etc. que, sin duda, va de la mano de esta actividad. Pero el organismo considera que estos problemas deben tener un enfoque regulatorio global u otro tipo de normativa.
Además, aclara que factores como la presión a la baja sobre los precios de la vivienda “no cuentan con evidencia empírica robusta que respalde su magnitud“.
¿Qué propone entonces la CNCM?
La clara recomendación de Competencia es que se debe revisar la regulación actual de las viviendas de usos turísticos para que sea “necesaria y proporcionada” y eliminar “restricciones”.
Entre ellas, destaca: la prohibición de licencias, la aplicación de moratorias y zonificación de ciudades, el establecimiento de cupos por zonas, la prohibición de alquilar habitaciones, la limitación de la duración de la estancia, el establecimiento de tamaños mínimos o la regulación de los precios de los alquileres.
Por otra parte, propone aliviar de carga a los titulares de las viviendas, evitando requisitos y obligaciones como las exigencias de equipamiento y servicios mínimos (wifi, climatización, asistencia telefónica, etc.), régimenes de autorización previa o la exigencia de la comunicación de precios a la Administración “salvo que resulten indispensables y proporcionados para proteger una razón imperiosa de interés general”.
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